Hace mucho tiempo que está dicho que si no hay solución para los problemas
económicos y sociales en una sociedad, la respuesta más apropiada a que
siempre apelan las clases dominantes es a las instituciones que están
encargadas del uso de la fuerza y la violencia, para el mantenimiento del
orden publico. Tal es el intento mayor del presidente José Mujica de
perdonar a los jefes militares con delito de lesa humanidad, que tantas
voces a levantado en estos días en todas partes.
Aunque si bien es el giro mayor que tiene en el plano político el nuevo gobierno
donde en los puntos clave están los dirigentes que pertenecieron a los tupamaros,
hay otros síntomas más de carácter crónico que se manifiestan
con particular fuerza en la sociedad uruguaya de hoy.
La droga y el narcotráfico, los cientos de miles de pobres,
las cárceles repletas de nuevos y la mayoría jóvenes que han incurrido
en el delito, y un sistema de educación pública que todos los días de muestras
de las enormes limitaciones que tiene producto de un ya largo ahogamiento
presupuestal, por parte de las políticas de gobierno.
Hasta ahora el gobierno ha dado grandes muestras de iniciativas en las
áreas de mantenimiento sin variantes de la política macroeconómica,
y en forma preferencial en lo que atañe también al mantenimiento y ajustes
en las políticas de Defensa e Interior, sobretodo lo referente a la construcción
de cárceles y nuevos efectivos policiales para instrumentar el crecimiento
de la violencias social por parte del gobierno.
En estos días, se ha conocido producido una enorme demanda de seguridad
para eventos deportivos especialmente de fútbol así como locales de
enseñanza media.
Ello a nuestro juicio es el resultado de una tendencia permanente en la
sociedad uruguaya a desvalorizar el proceso educativo, a la falta de
existencia de trabajo dignamente remunerado y por lo tanto a una
marginación cada vez mayor de importantes sectores de los trabajadores
uruguayos en donde su familia no solamente pierde su
trabajo sino también hábitos y costumbres que afectan a
su vida en todos los aspectos.
En el marco de la aplicación de políticas neoliberales lo
único posible es en pensar en mayor represión, cosa insalvable
de mantenerse en ello en forma permanente.
Es probable que esto no este en ningún programa escrito
de gobierno, pero en los hechos el empobrecimiento progresivo
de los trabajadores y el pueblo lleva como consecuencia
directa al crecimiento de la violencia ciega, en la vida social,
así como un comportamiento estimulado la mayoría de las
veces por grupos que se benefician de ello. Y también, por el
desastre que implica desarrollar políticas de beneficio a la burguesía,
a los bancos, y del libre juego de las fuerzas del mercado
que lleva consigo una mayor explotación de los trabajadores.
Lo cierto es que el gobierno actual, ante la crisis económica
social que afecta a la sociedad uruguaya, se ha optado por el
más cárceles y represión, y más recursos para “dignificar” las
cárceles. Los cambios sociales y populares están una vez más
postergados, en la medida que estos se han abandonado como
presente y como horizonte, mientras se pagan los intereses de
la deuda y se venden más papeles para endeudarnos, seguiremos
viendo a los uruguayos en la miseria y la nueva dirigencia
gubernamental pidiendo más seguridad pública para resolver
los problemas del “orden público” en todo el país.
Lo que ha sucedido es que el programa histórico del
movimiento popular ha sido abandonado, y el gobierno
del FA no ha encontrado mejor camino que mejorar los
cuarteles y las cárceles.
Este no es el camino por cierto, para resolver los problemas
del país y servir a las grandes necesidades que tienen hoy los
trabajadores para salir de la pobreza crónica y la miseria.
editorial La Juventud
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